Disciplinar a los funcionarios
El diccionario de la Real Academia de la Lengua, en la versión trasnochada que manejo, recoge tres acepciones de la palabra “disciplinar”. La primera es instruir, enseñarle a alguien su profesión, dándole lecciones. La segunda es azotar, dar disciplinazos por mortificación o por castigo. La última, imponer, hacer guardar las disciplina, observancia de las leyes. Sin entrar en consideraciones estilísticas que no vienen al caso -¿se han fijado en lo mal redactada que está la última definición?-, me pregunto en cuál de estos sentidos ha utilizado el señor ministro de Administraciones Públicas el término “disciplinar” al declarar su intención de “disciplinar a los funcionarios”.
Empecemos por la primera, enseñar a alguien su profesión. Aunque no sería la primera vez en la historia de España en la que un gobierno toma semejante iniciativa (recuerden lo que le sucedió a nuestro sistema educativo cuando los políticos decidieron que quienes saben de educación no son los docentes, sino los pedagogos), la pretensión de instruir a la totalidad del funcionariado parece descabellada. Salvo que se estuviera pensando en algo muy general —fórmulas de buenas prácticas o cosas por el estilo- es imposible que ningún gabinete en sus cabales pretenda enseñar su oficio a un conjunto de personas que, más o menos, los abarca todos. Verdad que el político patrio siempre ha sido proclive a dar lecciones y que en cuanto uno se descuida sabe de todo más que nadie —el recuerdo del señor Zapatero y su corte de los milagros está todavía presente en la memoria colectiva-, pero en la presente situación, con el país desmoronándose a causa de una gestión catastrófica, es improbable que tal ocurrencia se les pase por la cabeza.
La segunda acepción de la palabra “disciplinar”, azotar, dar disciplinazos por castigo o mortificación, parece más coherente con las últimas medidas del gobierno al que pertenece el señor Montoro. Aunque dudo que la intención del ministro sea añadir actuaciones de carácter vejatorio a los recortes pecuniarios que sufren los funcionarios, el hecho de que estos vayan acompañados de comentarios insultantes acerca de su profesionalidad da ciertamente que pensar. En el estado en que se halla la economía del país quizá sea inevitable bajarle el sueldo a los funcionarios, incrementar su jornada laboral, suprimir una de sus pagas extraordinarias, pero: ¿es necesario justificar todas estas actuaciones añadiendo de paso reproches injuriosos sobre su compromiso? La existencia de funcionarios incompetentes (sería bueno pensar no sólo en el empleado que echa hora y media en el cafelito, sino también en el cirujano que pasa doce con una arteria, en el maestro que brega con molondros a los que sus padres no soportan o en el policía que se ahoga tratando de rescatar a un bañista imprudente) no justifica tales generalizaciones, detrás de las cuales resulta difícil no advertir la pretensión de convertirlos en chivo expiatorio de la crisis. De hecho, y este es un dato relevante, cada vez se habla menos de la burbuja inmobiliaria, la ruina del tejido productivo, el despilfarro de las administraciones o los desmanes de la banca, y más del cáncer que nos está devorando, un cáncer localizado en los intestinos del Estado, ese Leviatán lleno de parásitos con plaza fija contra los cuales algunos estarían dispuestos a rescatar la bula Ad extirpanda de Inocencio IV, un texto fundamental en la historia de la persecución y el tormento.
Claro que también es posible que el señor Montoro utilice la palabra “disciplinar” en la última acepción del diccionario. Estaría insinuando entonces que los funcionarios no observan la ley o no cumplen con sus funciones. A mí me cuesta creer que sea así, máxime cuando en los mil casos de corrupción que han saltado a los periódicos en los últimos años se habla siempre de políticos y rara vez de funcionarios. No obstante, y teniendo en cuenta que vivimos en un país donde el legislador propende con frecuencia a la retórica, respetar la norma y cumplir con lo debido no garantiza necesariamente el éxito. Pensemos, por ejemplo, en el fracaso escolar: ¿es éste fruto de la inobservancia de la legislación educativa por parte de los profesores o más bien de su aplicación rigurosa? ¿Y qué decir de los casos en los que el funcionario ha hecho su trabajo y el político se ha desentendido de él? ¿Culparíamos a los inspectores del Banco de España porque el presidente de la institución orilló sus informes sobre la situación financiera? Otra cosa, por supuesto, es la haraganería, vicio gremial al que ha aludido el ministro apelando a las excelencias de la empresa privada (inmobiliarias, bancos, aerolíneas, modelos de buena gestión y rentabilidad). Aun aceptando la premisa de que el funcionario es un grasiento animal de zoológico y el trabajador privado una criatura fibrosa que lucha por su supervivencia en un medio donde sólo prosperan los más aptos, el señor Montoro no puede ignorar que una cosa es el mercado, regido por el principio supremo de la ganancia, y otra el Estado, cuya misión es esencialmente “ética”. No niego que las instituciones deban gestionarse mejor, pero esta es precisamente la función del político, no la del funcionario, y culpar a estos de la torpeza o los abusos de sus gestores constituye simplemente una iniquidad.
El pueblo español tiene fama de indisciplinado. La media botella de champan que decía Bismarck que le falta a los alemanes nos sobra quizá a nosotros. Al señor Montoro le gustaría cambiar las cosas. La disciplina que ha renunciado a aplicar como ministro de Hacienda quiere imponerla como ministro de Administraciones Públicas. Yo comparto con él la convicción de que debemos luchar por la seriedad y el rigor. Lo único que no comprendo es por qué empieza por los funcionarios. ¿No sería preferible disciplinar antes a los políticos o a los banqueros tramposos, responsables últimos del desaguisado en que nos encontramos?
http://www.elimparcial.es/nacional/disciplinar-a-los-funcionarios-107667.html#
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