Desde la asamblea del IES Ponce de León, formada por trabajadores del centro (claustro de profesores, PAS y servicios externos), mostramos nuestro rechazo a los recortes educativos impuestos por el Real Decreto 14/2012 de 20 de abril aprobado por el Gobierno Central y desarrollado en el Plan Económico-Financiero de la Junta de Andalucía.
La reducción en gasto público prevista en este decreto ataca directamente al profesorado y al PAS mediante el aumento de horas laborales, la reducción del salario, el retraso en el nombramiento de sustitutos para cubrir bajas, el despido masivo de interinos, etc.; e igualmente afecta a los servicios externos que operan en nuestro centro, cuyas empresas dependen de los mismos fondos públicos.
Consideramos que esta reducción en gastos educativos empeorará el servicio que todos los trabajadores del centro prestamos y, por tanto, supone una amenaza para la educación pública. Por si fuera poco, esto se suma al desprestigio de la imagen profesional del profesorado y al deterioro progresivo que viene sufriendo nuestro sistema educativo público, degradado por la inestabilidad legislativa y una gestión ineficaz de los recursos materiales (la inversión en portátiles no es comprensible cuando se nos anuncia que no hay dinero para calefacción, aire acondicionado o, simplemente, folios o tizas). Con este panorama, no es de extrañar que la educación pública cada vez esté en peores condiciones de competir con la enseñanza privada.
Es por ello que hoy, día 31 de mayo de 2012, los trabajadores de este centro nos unimos para comenzar una movilización que alce la voz contra los recortes, en defensa de una educación pública y de una enseñanza de calidad, con tres reivindicaciones claras:
1. Supresión de todos los recortes de los sectores implicados en la educación recogidos en el Real Decreto 14/2012 y en el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía.
2. Estabilidad legislativa en educación. Negociación de la comunidad educativa y partidos políticos para la redacción de una nueva ley de educación definitiva, con un compromiso de estabilidad independiente de cambios políticos.
3. Gestión eficaz y transparente de los recursos materiales por parte de la administración educativa. Consulta a los propios centros educativos de cuáles son las necesidades materiales prioritarias.
Por último, consideramos esencial que nuestra andadura la comencemos promoviendo la implicación de las familias de los alumnos, porque, en definitiva, es el futuro de nuestro alumnado y, por tanto, el de nuestros hijos e hijas el que se ve amenazado. Pero, por encima de todo, todos estos recortes constituyen en realidad una merma fundamental del derecho a una educación universal y gratuita.
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